MNDM rechaza los términos degradantes en que se está dando esta discusión pública y llama a los legisladores a no legislar con base en el atropello contra todas las víctimas
- Consideramos que en la discusión del tema de los Fideicomisos, el FAARI debe mantenerse precisamente como un Fideicomiso, pues es una figura jurídica que posibilita una mejor administración de los recursos.
- Exigencia de construir mejores mecanismos de transparencia en el ejercicio, rendición de cuentas, y uso adecuado de los recursos públicos, facilitando el acceso de todas las víctimas a los fondos a que tienen derecho.
- Apelamos al compromiso del Presidente de la República con las víctimas para garantizar sus derechos
07 de octubre de 2020. | El presente posicionamiento debe de ser leído como un llamado a la responsabilidad en el contexto del debate nacional que se ha abierto por la propuesta de extinción de 109 fideicomisos relacionados con distintos temas trascendentales para la sociedad. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) es emblema de cómo las personas y los colectivos somos capaces de construir las herramientas para la justicia que el Estado escatima. Muestra clara de ello es el recientemente aprobado Protocolo Homologado de Búsqueda que es una construcción conjunta que demuestra que la Sociedad puede convertir al Estado en instrumento de justicia.
Este logro de las víctimas, así como el Mecanismo Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (en adelante MEIF), que debe de ser implementado prontamente son ejemplos de cómo las víctimas desde su diversidad, que llega incluso a ser diferencia, han reivindicado y conseguido la creación de entidades como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es relevante mencionar lo anterior en esta discusión, porque el MNDM es un interlocutor constructivo de la Sociedad y del Estado.
Por ello deseamos ser claros en nuestra convicción de que es fundamental que se mantenga vigente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI). Rechazamos los términos degradantes en que se está dando esta discusión pública, como si se tratase de un asunto de pesos y centavos y no de la dignidad humana. Urgimos a las y los legisladores que eleven el nivel del debate para tomar esta y todos sus decisiones públicas. No pueden legislar con base en atropello contra todas las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del país. No pueden manchar de esa manera este episodio de la historia.
Consideramos que en la discusión del tema de los Fideicomisos, el FAARI debe mantenerse precisamente como un Fideicomiso, pues es una figura jurídica que posibilita una mejor administración de los recursos, protegiendo presupuesto suficiente para mejorar las condiciones de la vida y los procesos de búsqueda de justicia y verdad de todas las víctimas. Si se quiere reformular la manera en que se manejan los recursos del Estado no puede ser en contra del pueblo, que ha dado a todos los funcionarios públicos un claro mandato de justicia.
Apelamos al compromiso del Presidente de la República con las víctimas para garantizar sus derechos, pues ha expresado en diversas ocasiones que en atención a todas ellas no se escatimarían recursos y su gobierno haría todo a su alcance para cumplir dicho compromiso que, consideramos, debe ser capaz de construir justicia, verdad y reparación para las víctimas, como una muestra clara de la voluntad democrática de la Nación.
La discusión que ahora se da en el Congreso de la Unión, respecto al FAARI, pero también con respecto a los otros fideicomisos debe de ser planteada de una manera más democrática. Más allá del tema de los fideicomisos está la obligación del Estado de hacer posibles las actividades de una gran cantidad de sectores estratégicos para el país. Si el Estado quiere replantear el modo en el que cumple con su obligación de financiar legítimamente a estas actividades que lo haga desde el diálogo público, no desde el arrebato legislativo.
La actual administración federal y, en particular el presidente de México, han afirmado de forma reiterada que la búsqueda de personas desaparecidas, y la identificación forense son actividades prioritarias de este gobierno, como una forma de garantizar la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición de las atrocidades cometidas en el pasado. Por lo tanto tiene obligación de garantizar el Presupuesto Público adecuado para las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las víctimas, y convocar a éstas para una participación efectiva que fortalezca el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV).
Desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México estamos conscientes de que existen confusiones, distorsiones e incluso mala fé en el manejo de algunos recursos. Esto es casi inevitable en el clima de impunidad que ha caracterizado a la justicia en México en el pasado reciente. Por ello nuestra exigencia de construir mejores mecanismos de transparencia en el ejercicio, rendición de cuentas, y uso adecuado de los recursos públicos, facilitando el acceso de todas las víctimas a los fondos a que tienen derecho.
Es importante denunciar que desaparecer el Fondo impactaría negativamente de diversas maneras la justa lucha de las víctimas, entre ellas el acceso a medios legítimos para defender sus derechos y continuar en su exigencia de verdad y justicia, con la claridad de que sus fortalezas están en su lucha y exigencia organizada por la justicia. De la misma forma pondría un obstáculo enorme a las labores de búsqueda de nuestras y nuestros seres queridos desaparecidos, de ahí que a muchas familias podría negarles el acceso a una búsqueda organizada y la lucha por verdad y justicia.
¡Sin las Familias No!
Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos
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