Pronunciamiento del colectivo de familiares y amigos desaparecidos de Tamaulipas en relación a los 72 migrantes asesinados en san Fernando Tamaulipas.
A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Hoy 22 de agosto se cumplen 9 años de la masacre de 72 ciudadanos preferentemente centroamericanos, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Meses después se localizaron decenas de fosas con cientos de cuerpos en el mismo municipio, muchos de ellos del mismo origen. Dejaron de excavar porque resultaron insuficientes los Semefo para recibir los cuerpos; la violencia llegó a tal grado que se encontraron decapitados los cuerpos del ministerio público y del jefe de la policía encargados de la investigación.
El 10 de mayo del 2012 tiraron 49 cuerpos en el municipio de Cadereyta, Nuevo León; solo estaban los los dorsos, la gran mayoría de Centroamérica y el 10 de mayo del 2017 cae abatida a balazos nuestra querida activista Mirian Rodríguez en el mismo municipio.
A nuestros hermanos centroamericanos les decimos que nos sentimos avergonzados, que en nuestro suelo mexicano los sueños de una mejor vida para ustedes y sus familias, de manera cobarde y con la complacencia de las autoridades mexicanas, se hallan truncados por esta acción cobarde y criminal que conmovió al mundo entero.
De esta acciones quedan centenas de cuerpos sin identificar; en la fosa común de Ciudad Victoria todavía hay casi 50 cuerpos que no han podido ser entregados y están enterrados. En la Ciudad de México, en el SEMEFO, hay varias decenas de cuerpos de Cadereyta y casi un medio centenar de cuerpos de las fosas de San Fernando. Es decir, el derecho a la verdad y la justicia a pesar del tiempo transcurrido, es letra muerta.
Nos solidarizamos con todas las familias centroamericanas que reclaman verdad y justicia y apoyamos su demanda central, que junto con otras organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, a través del mecanismo de apoyo exterior, les han ayudado para hacer uso de los derechos que en México se les prohíben, como revisar expedientes acompañados por defensores de derechos humanos, bajo pretexto de que deben ser abogados con cédula profesional, cuando el articulo primero constitucional nos otorga los derechos humanos. Además, el derecho a un abogado pagado por el estado para las víctimas, resulta un servicio precario e inasequible.
A pesar del tiempo transcurrido, las investigaciones realizadas no han tenido avances, en especial en cuanto a los actos de omisión de los gobernantes estatales y federales, quienes tenían conocimiento de lo que pasaba en el municipio de San Fernando. A la fecha no hay ninguna línea de investigación que dé luz para saber el grado de involucramiento de las autoridades, quienes están obligadas a garantizar la vida y libertad de las hoy víctimas de los hechos en San Fernando.
Llamamos a recordar a todas las víctimas de esta tragedia, cuyos derechos fundamentales fueron violados. Tienen derecho a LA LIBERTAD, LA SEGURIDAD, A LA VIDA, LA IDENTIDAD, A LA NO TORTURA, A LA REPARACIÓN Y A CONOCER LA VERDAD.
Tenemos que reconocer que se sigue repitiendo esta práctica de detención y desaparición (considerado delito de lesa humanidad) y debe ser erradicada. Exijamos verdad y justicia.
“NI PERDON NI OLVIDO ¡JUSTICIA!”
COLECTIVO DE FAMILIARES Y AMIGOS DESAPARECIDOS DE TAMAULIPAS
