Si desaparecen a las personas y desaparece la justicia, también desaparece la razón por la que el Estado existe.
#SinLasFamiliasNo
¿Qué significa que una persona sea desaparecida? Durante años he intentado comprender lo que esto significa para sus familiares y el impacto de esos actos criminales para nuestra sociedad. A pesar de mi experiencia cerca de los colectivos de familiares en búsqueda y acompañando casos concretos, aún no alcanzo a comprender la dimensión de la esa tragedia.
He llegado a una conclusión personal que me ayuda al aproximarme al daño humano que estos crímenes producen; la desaparición de personas lejos de equipararse al homicidio se parece más a la tortura. El impacto de esta atrocidad se extiende a los familiares de las víctimas y se renueva día a día por el resto de sus vidas. Este inimaginable dolor puede ser aminorado en parte, al encontrar al desaparecido pero en México esto casi nunca ocurre. El efecto destructor de la desaparición de personas no termina ahí.
¿Por qué son “nuestras” las personas desaparecidas? Para cualquier sociedad el hecho de que más de 26 mil personas se encuentren desaparecidas y que cientos de miles de sus familiares sufran “tortura” diaria significa que ese país no tiene futuro. Esto es así porque la principal justificación para que exista un gobierno es la seguridad sus ciudadanos en la forma más elemental, el derecho a la vida y a la integridad personal.
Cuando este vital derecho es vulnerado se entiende que todos los recursos de lo que llamamos instituciones se dirigirán a reparar el crimen encontrando a quien es desaparecido, y cuando esto no sea posible, los esfuerzos estarán en enjuiciar y sentenciar a los responsables. Lejos de encontrarles, procesar a los responsables y detener esta mortífera tendencia, cada año las historias de dolor en las familias se acumulan por miles y las instituciones se vuelven contra las familias. A la fecha sólo 13 sentencias han dictadas por el delito de desaparición forzada en México.
El Estado se vuelve contra las personas no solo al omitir los procesos de justicia, sino al perpetrar directamente las desapariciones y al encubrirlas, tal y como lo documenta el reciente informe de Open Society “Atrocidades Innegables”. Suma a lo anterior la burda estrategia del autoritarismo mexicano que, al no poder o querer, terminar con estos crímenes, busca solucionarlos desplegando eufemismos. Aún hoy, los ministerios públicos del país no inician investigaciones aludiendo a figuras legales como “personas ausentes” y disputando en cada caso la responsabilidad de las autoridades, al establecer diferencias legales entre la desaparición forzada y las desapariciones cometidas por particulares.
La desaparición de personas es tan grave que no solo se comete en contra de las víctimas y sus familias y contra la ciudadanía de los países, también se comete contra la humanidad y está en la lista de los crímenes más graves internacionalmente sancionados denominados delitos de lesa humanidad. El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, del que México es parte, establece una definición de estos delitos que hace inútiles los esfuerzos de las autoridades mexicanas por lavarse las manos.
El Estatuto los define como una serie de actos parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque de conformidad con “la política de un Estado o de una organización para cometer ese ataque”. La omisión sistemática de la investigación o la aquiescencia en la perpetración, como sucede en México, pueden configurar una política así definida.
Si los gobiernos se vuelven en nuestra contra solo nos tenemos a nosotros, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Por ello cada persona que es desaparecida es nuestra en la medida que nos importa encontrarla y en su caso que la justicia sea impartida para sus familias.
Una reacción humanamente comprensible ante la desaparición de un familiar lleva a muchas personas a encerrarse en su dolor. Esto es así por varios factores entre ellos, el que las mismas autoridades desalienten la denuncia y en muchos casos quien denuncia recibe de inmediato amenazas y agresiones. En muchos otros casos miles de madres, hermanos, hijas y familiares han emprendido una lucha titánica por encontrar a los suyos. En tan solo 10 años han surgido una diversidad de movimientos, colectivos y grupos de personas, que ante la omisión estatal, han emprendido por su cuenta la búsqueda superando el aislamiento y con dignidad son vanguardia en la defensa del derecho a la vida y la libertad en este país.
Esta diversidad de esfuerzos han madurado en muy pronto estableciendo comunicación con los movimientos por las personas desaparecidas de la guerra sucia, promoviendo la articulación y el diálogo entre sí. De eso fui testigo cuando, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, víctimas de todo el país se reunieron el pasado 30 de agosto en la Ciudad de México.
Constaté que existe un conjunto de voluntades que desde la especificidad de sus colectivos han conformado un proceso social de articulación que configura el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Estando ante el mayor reto que enfrentamos como país los pasos para corregirlos podrían desalentar a cualquiera, pero este Movimiento ha avanzado al punto de elaborar propuestas concretas hacia la justicia. Entre ellas destaca le creación de una Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares.
Una ley es necesaria para atender específicamente estas atrocidades despejando y clarificando un marco jurídico que actualmente es base para la inacción. Una ley general daría además a las víctimas un piso sobre el cual iniciar su lucha de forma legal y legítima. Finalmente existe otra razón más práctica. El 2 de febrero de 2014 entró en vigor la reforma al artículo 73 de la Constitución para establecer que el Congreso de la Unión tiene a la vez una facultad y una obligación a saber, la de expedir una ley general sobre desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley y que ello debería realizarse dentro de los 180 días posteriores, es decir antes del 1 de octubre de 2014.
Al día de hoy han pasado 2 años, 7 meses y 20 días, es decir 963 días y el Congreso aún no cumple el mandato. ¿Qué sucedería si después de 2 años cualquiera de nosotros no hubiese cumplido una tarea en nuestro trabajo? Al parecer en el Senado y en la Cámara de Diputados no se preguntan esto.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos es una luz entre tanta obscuridad porque incluso han avanzado a la propuesta detallada de lo que dicha ley debería contener. Vale la pena revisarla a profundidad (aquí el documento) porque fue construida con la voluntad de las familias y en alianza con universidades, organizaciones sociales y entidades internacionales. Resumo aquí algunas de sus principales propuestas que en la página del Movimiento, en forma visual se explican creativamente:
- Reconocimiento y participación de las familias. La legislación debe tener como principios, el reconocimiento estatal de la dimensión del problema y la inclusión como actores indispensables a las familias y sus organizaciones, garantizando los mecanismos para la rendición de cuentas. #SinLasFamiliaNo tiene sentido en un país donde los únicos que han buscado, acumulado experiencia y entienden la magnitud de la tarea, son los familiares.
- Clarificar y organizar las definiciones y responsabilidades. La tarea de clarificar las figuras delictivas es indispensable, implementando la investigación inmediata exhaustiva y la delimitación de las responsabilidades y competencias, eliminando los obstáculos para el ejercicio de la acción penal y para el enjuiciamiento y reconociendo el papel de las víctimas y la coadyuvancia.
- La búsqueda como prioridad. Actualmente la búsqueda es la última actividad en la lista de los ministerios públicos. Algo tan irracional debe ser corregido en la ley. Como lo ha propuesto el Movimiento esto tendría el soporte de un Sistema Nacional de Búsqueda y de mecanismos urgentes de búsqueda nacional y transnacionales.
- La creación de políticas públicas basadas en la acción y no en la omisión. Para ello se propone un Plan Nacional de Búsqueda y planes específicos, un programa nacional de exhumaciones e identificación de restos y un registro único de personas desaparecidas.
- Reparar el daño de forma integral. Sabemos bien que aún encontrado a sus familiares y en los casos que se identifican los restos mortales, el daño nunca será reparable en su totalidad. Pero actos de mínima justicia como el reconocer como víctima a los familiares y garantizar sus derechos, así como el estatuto legal de la persona desaparecida deben ser establecidos.
¿Por qué luchar por leyes en un país en donde no se respetan? Primero, porque en este tema existe un caos (intencionado creo yo) con un cúmulo de conceptos legales que son aplicados a situaciones similares, cuando fueron pensados en otros tiempos y para otras circunstancias, y son usados “legalmente” por los agentes de justicia para no buscar a nuestros desaparecidos. Una ley para buscarles es el piso de lucha y movilización, es lo menos que les debemos a las víctimas.
Exijamos que esta ley sea una realidad en al actual periodo de sesiones. Firmemos y difundamos (aquí) esta petición, si podemos hacer algo más (aquí) los pasos a seguir. No veo otra manera congruente de decir que queremos a nuestras hijas e hijos, a nuestras familias y que queremos un futuro diferente para ellos.
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Fuente: Jesús Robles Maloof
