Este 10 de mayo, en México, se llevará a cabo la VII Marcha de la Dignidad Nacional, “Madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia”. La elección de esta fecha no es fortuita. Se trata del día en que en México, así como en El Salvador y en Guatemala, se celebra a las madres. Madres mexicanas y centroamericanas que, sin embargo, desde hace mucho tiempo, no tienen “nada que celebrar”, como ellas mismas lo señalaron desde que se llevó a cabo por primera vez esta marcha, en 2012. Nada que celebrar porque sus hijos, sus hijas, han sido desaparecidos. Nada que celebrar porque las desapariciones forzadas, antes que disminuir, han continuado rompiendo sueños, destrozando familias y perpetuando la situación de inseguridad, impunidad e injusticia social que se vive en México.
Enrique Peña Nieto, actual presidente del país, lejos de rectificar la política “de seguridad” implementada por su antecesor, Felipe Calderón, la ha reforzado. No solo se ha mantenido al ejército en las calles, sino que se ha regularizado jurídicamente su presencia fuera de los cuarteles por medio de la Ley de Seguridad Interior, aprobada en diciembre de 2017. Esta ley, rechazada y criticada por diversas organizaciones sociales nacionales, así como por los más altos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, constituye un grave riesgo para los derechos humanos en México. La intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad no ha contribuido en absoluto a mejorar la seguridad del país, por el contrario, no solo se han incrementado las desapariciones forzadas, sino también otras problemáticas como las detenciones arbitrarias, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Problemáticas en las que se ha comprobado la participación directa o por omisión de todos los niveles de las fuerzas del orden mexicanas, desde las policías municipales hasta los elementos de la Marina de México.
Son más de 35 000 personas las que han desaparecido en México durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Es un fenómeno sin precedentes, si se considera que se trata de cifras oficiales que lejos están de reflejar la realidad –ya que muchas familias no presentan denuncias por miedo a sufrir represalias– y que México, en principio, no es un país en guerra ni bajo una dictadura militar.
En los demás países de América Central se observan las mismas tendencias por parte de los gobiernos de incrementar la militarización en nombre de la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y la migración hacia Estados Unidos. Ese es, por ejemplo, el propósito explícito de programas incluidos en la llamada Alianza por la prosperidad del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador, Guatemala). Es también el objetivo del gobierno de Nicaragua al aplicar políticas
extremadamente represivas en contra de las y los migrantes y en contra de las personas que les brindan ayuda. Sin embargo, estas medidas han contribuido sobre todo a brindar nuevos instrumentos de criminalización de la protesta social y de control sobre las mentes y los cuerpos. Mientras tanto, los responsables de los crímenes, las desapariciones, los feminicidios, la trata y persecución de migrantes siguen gozando de impunidad.
Nada que celebrar, entonces, salvo la fuerza y determinación de esas madres mexicanas y centroamericanas que continúan luchando por los suyos. Nada que celebrar, salvo esa lucha que, como en otros países latinoamericanos, tiene un rostro femenino. Al igual que las madres y abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina, la búsqueda más emblemática por la justicia hoy en México y Centroamérica descansa especialmente en esas mujeres que han decidido decir basta y que se movilizan desde distintos frentes: en la calle, tratando de visibilizar un fenómeno del que ya ninguna familia está a salvo; en el campo y en el desierto, buscando con sus propios medios esas fosas clandestinas en las que están quedando enterrados miles de mexicanos y mexicanas, de centroamericanos y de centroamericanas, que no son una cifra sino que tienen un nombre y un rostro; en las cárceles, las instalaciones de salud y los centros nocturnos, buscando a los desaparecidos en vida entre los presos, los internados y las víctimas de trata; en la arena jurídica, presionando y obligando al gobierno mexicano a adoptar a regañadientes políticas destinadas a frenar las desapariciones forzadas y a promover el acceso a la verdad y justicia. Porque la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en vigor desde noviembre de 2017, no es un logro del gobierno mexicano, es un logro de ustedes, familiares de los desaparecidos, que hasta el día de hoy continúan luchando para que la implementación de dicha ley se haga con su participación y con un presupuesto adecuado, únicas garantías de que sea efectiva.
Este 10 de mayo, desde Francia, marchamos a distancia con ustedes, madres mexicanas y centroamericanas. Saludamos su lucha, su fuerza y su determinación. Sabemos que el camino recorrido no ha sido fácil, que son muchos los obstáculos que han debido enfrentar y que el dolor que las acompaña día a día es inmenso. Pero sabemos también que están dando una batalla ejemplar, que la suya es una lucha por la justicia y la verdad que les agradecerán las generaciones futuras y que desde aquí abrazamos junto a ustedes.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Hasta encontrarles!
¡Sin las familias no!
París, 10 de mayo de 2018
